Cuando la elección equivocada cierra una universidad
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Una universidad no cierra de un día para otro. Cierra lentamente, decisión por decisión, proceso por proceso, hasta que un día los estudiantes llegan y encuentran las puertas cerradas.
En Colombia, hemos vivido ese escenario más de una vez. Y aunque las causas son siempre múltiples, hay un hilo conductor que aparece con inquietante frecuencia: el deterioro empieza en la cúpula. Y la cúpula se elige.
Los consejos superiores universitarios, las juntas directivas de instituciones privadas y los procesos de elección de rectores no son simples formalidades académicas. Son los mecanismos a través de los cuales se define quién toma las decisiones más importantes de una institución: la orientación estratégica, el manejo presupuestal, las alianzas institucionales y, en última instancia, la viabilidad financiera y académica de la entidad.
En las universidades públicas colombianas, los consejos superiores incluyen representantes de diferentes estamentos —docentes, estudiantes, egresados, sector productivo— cuya elección está regulada por estatutos propios y, en algunos casos, por normativas del Ministerio de Educación. En las privadas, los mecanismos varían, pero la lógica es la misma: quien controla el órgano de gobierno controla el destino de la institución.
Las instituciones de educación superior en Colombia han sido, históricamente, escenarios donde se han presentado casos de malos manejos administrativos que, en algunos casos, han contribuido al deterioro institucional e incluso al cierre de universidades, afectando directamente a estudiantes y egresados que vieron truncados sus proyectos de vida.
¿Qué tienen en común muchos de esos casos? Procesos de elección opacos, con controles débiles, donde la legitimidad de quienes ocupaban los cargos directivos era cuestionable desde el origen. Cuando las bases del gobierno institucional son frágiles, todo lo que se construye sobre ellas también lo es.
No se trata de señalar actores específicos. Se trata de entender una dinámica estructural que el sector educativo colombiano debe enfrentar con honestidad.
En los últimos años, la digitalización llegó también a los procesos electorales universitarios. Votaciones en línea, plataformas de participación virtual, sistemas de escrutinio automatizado. En principio, un avance. En la práctica, una nueva fuente de riesgos —especialmente cuando la elección del proveedor no se hace con los criterios adecuados.
Muchas instituciones contratan la gestión de sus elecciones a proveedores de tecnología general: empresas de software, agencias digitales o consultores que ofrecen soluciones adaptadas, pero que no tienen especialización real en seguridad electoral. El argumento de venta suele ser atractivo: «tenemos experiencia en plataformas digitales, esto lo podemos hacer». Y técnicamente, pueden armar algo funcional. El problema es que funcional no es lo mismo que seguro, auditable y confiable.
Como señalamos en el primer artículo de esta serie —al analizar lo que ocurre en cámaras de comercio y gremios—, el mercado está lleno de proveedores que ofrecen servicios electorales sin contar con la especialización que ese campo exige. Y cuando una universidad sin expertise técnico interno contrata a uno de ellos, el resultado puede ser un proceso que parece moderno pero que no resiste un escrutinio serio.
Gestionar un proceso electoral universitario seguro requiere mucho más que una plataforma de votación en línea. Implica arquitecturas de seguridad diseñadas específicamente para contextos electorales, protocolos de verificación de identidad robustos, cifrado de datos, trazabilidad completa de cada voto y —fundamentalmente— capacidad de responder ante auditorías independientes con documentación técnica detallada.
Un proveedor sin esa especialización no puede garantizar eso. Puede entregar resultados. Puede generar reportes. Pero si alguien con conocimientos técnicos cuestiona el proceso, ese proveedor no tendrá las respuestas que la institución necesita.
Y en un entorno donde la acreditación institucional, el acceso a recursos públicos y la confianza de los estudiantes dependen de la solidez del gobierno universitario, esa fragilidad puede tener consecuencias que se extienden durante años.
Un resultado electoral universitario que genera dudas razonables no es simplemente un trámite incómodo. Es una fractura institucional.
Un rector elegido en un proceso cuestionado no puede ejercer con la autoridad moral que su cargo exige. Un consejo superior con representantes cuya elección fue impugnada no puede tomar decisiones estratégicas con respaldo genuino de la comunidad académica. Y cuando esa fractura se abre, raramente se cierra sola.
En muchas universidades colombianas, la respuesta honesta a esa pregunta es: nadie con suficiente independencia ni con los conocimientos técnicos para hacerlo.
Los comités electorales internos tienen conflictos de interés estructurales. Y si el proveedor contratado no tiene la capacidad de someter su sistema a una auditoría técnica independiente —o si esa auditoría no estaba contemplada en el contrato— el proceso queda en una zona gris que ninguna declaración institucional puede resolver.
La auditoría real, con criterios técnicos claros, trazabilidad verificable y resultados públicos, es la excepción, no la regla. Y eso es algo que el sector educativo colombiano necesita cambiar.
Lo que ocurre en las universidades no es un problema exclusivo del sector educativo. Como analizamos en el artículo anterior sobre cámaras de comercio, el mismo patrón de contratación sin criterios especializados y ausencia de estándares se reproduce en distintos niveles institucionales.
Y como veremos en el tercer artículo de esta serie, ese patrón llega hasta la cúspide del sistema electoral colombiano. Porque si incluso el Registrador Nacional ha tenido que advertir públicamente sobre los riesgos de exponer los sistemas electorales del país a actores no especializados, vale la pena preguntarse: ¿qué dice eso sobre el estado general de nuestra cultura electoral digital?
La respuesta es inquietante. Y necesaria.
La gestión de procesos electorales digitales no puede recaer en proveedores sin especialización real. El historial del sector educativo colombiano demuestra, con dolorosa claridad, que los riesgos en transparencia, seguridad y legitimidad no son hipotéticos: tienen nombres, fechas y consecuencias para miles de personas.
Solo empresas altamente especializadas, con equipos técnicos expertos y plataformas probadas, están en capacidad de garantizar que el voto universitario sea lo que debe ser: la expresión legítima y verificable de una comunidad académica que merece instituciones sólidas. Plataformas como cibervoto.com representan exactamente esa especialización que las universidades colombianas necesitan —y que sus estudiantes y egresados tienen derecho a exigir.
La pregunta que cada institución debe hacerse es simple: ¿estamos eligiendo a nuestros líderes con la seriedad que sus consecuencias merecen?
